Reflexiones sobre nuestro sistema de bienestar

El sistema de bienestar español,  y muchos otros europeos, se enfrentan a un futuro incierto en su cobertura y sostenibilidad. A las bajas tasas de crecimiento económico esperados, se les une una mayor demanda de protección social debido a diversos elementos tensores como son:

•   La mayor población en edad avanzada (>65 años) al que le corresponde cobrar las pensiones, así como  una alta cobertura en dependencia y atención médica. Una atención medica cada vez más costosa no solo por la demanda de servicios, sino por la irrupción tecnológica, incorporada en muchos casos de forma poco coste efectiva en una catalogo demasiado amplio.

•  La cada vez más escueta y empobrecida clase trabajadora, cuyos salarios  (que no su productividad) se ven estancados o reducidos en términos reales, y sobre la que recae la recaudación necesaria para las pensiones, entre otras partidas.

• Una juventud “muy formada” pero que no encuentra en el empleo a terceros un futuro digno ni estable, con tasas de paro de casi el 50%, y una inflación universitaria (en títulos y tasas) que pone cada vez más costoso conseguir la formación necesaria para ser relevante en el mercado laboral

•  Unos parados de larga duración, que no han cotizado suficiente y carecen de los medios (sociales, económicos y de conocimiento) para insertarse de nuevo en el mundo laboral. Un mercado laboral cada vez menos trabajo-intensivo debido a la robótica y las tecnologías de la información, que concentran cada vez en menos manos el beneficio del desarrollo económico.

Esta situación, requiere de una serie de medidas de carácter estructural, que no coyuntural, para conseguir por un lado, un equilibro entre rentas del bienestar, pero también entre generaciones. Como explicaremos posteriormente en la actualidad tenemos una población cada vez más mayor, más relevante electoralmente y sobre la cual se está volcando (no sin razones) la mayoría de la cobertura social.  

Revisemos uno por unos los pilares, para poder explicar sus complicaciones y sus remedios si queremos una cobertura justa extensión y sostenible en el reparto obligaciones.

Empecemos por la salud, sobre la cual debemos decir, bajo la comparativa de otros países europeos con sistemas similares utiliza una cantidad de recursos relativa al PIB y relativa a la población equiparable.  Otro tema distinto es sobre que partidas y actividades se han aplicado los recortes. Según el entender de los expertos, estos recortes se han aplicado de forma unilateral en los presupuestos, forzando a los empleados médicos a ajustar mediante su esfuerzo e ingenio los recursos a las demandas. En este campo las previsiones, a pesar de los recortes presentes y futuros, son de mayor gasto público total y en relación al PIB, por dos razones:

v  Por el lado de la demanda, la población es cada vez más mayor y vive más años, produciéndose también una mayor morbilidad y mayor cronicidad de las enfermedades, y por ello, del requerimiento de los tratamientos. Los hábitos actuales de vida y de dieta ( sedentaria y estresante por un lado, y poco nutritiva por otro) aumentan las necesidades asistenciales a edades muy tempranas, con efectos notables (y evitable) sobre la salud y el gasto sanitario.

v  Por el lado de la oferta, no existe una delimitación del catálogo de servicios público suficientemente exhaustiva en base al coste efecto de los tratamientos, y adopta innovaciones tecnológicas sin tener en cuenta el evidente coste de oportunidad sobre otros tratamientos más urgentes y efectivos.

Ante el aumento de la demanda, y del coste de la oferta, proponemos lo siguiente:

• Gravar con impuestos aquellos comportamientos nocivos para la salud (bebidas azucaradas, tabaco, alimentos grasos con escaso valor nutritivo…) con el fin de generar conciencia y reducir su consumo. La reducción en la recaudación por ventas (IVA) se puede devolver por una reducción en el gasto de los tratamientos posteriores, o una mayor recaudación a través de los impuestos mayores.
• Desgravar aquellas actividades que favorezcan los estilos de vida saludables (actividades y equipamientos deportivos, medicina preventiva (fisioterapia, entrenamiento personal…), frutas, verduras, y comida ecológica.
• Aplicar copagos en aquellos tratamientos de baja eficacia y que no suponga un empeoramiento de la salud actual ni futuro. Aunque parezca evidente, no se está aplicando de forma extensiva.
• Limitar el catálogo de servicios públicos al presupuesto, y ordenados por coste efectividad, buscando incluir solo el mejor tratamiento para cada problema de salud. Hacer uso vinculante de las diversas agencias independientes de valoración de los tratamientos nuevos y actuales para tomar esa decisión.
• Fijar presupuestos en base a las necesidades y objetivos de salud y no solo a la coyuntura económica. No gastar demasiado en salud cuando la economía va bien y muy poco cuando va mal. Debe existir un fondo de reservar para mantener la cobertura básica universal sea cual sea la coyuntura económica.

Resumiendo, el sistema de salud debe priorizar y ajustarse, en base a criterios médicos en sus objetivos y cobertura. Para ello, deben incentivarse la provisión racional de tratamientos así como los comportamientos que maximicen la salud.

Pasamos al segundo pilar del sistema de bienestar que son las pensiones. Para aquellos que no lo sepan las pensiones públicas actuales se financian de forma exclusiva en base a la cotización actual de los trabajadores. Este sistema funcionaba muy bien cuando la esperanza de vida era más baja, y la natalidad era alta, así como los niveles de paro moderados. En la situación actual y futura, no encontramos con un una población cada vez más mayor, familias que cada vez tienen menos hijos, y una población activa menor y peor pagada. El sistema actual de pensiones paga aproximadamente un 80% de lo que los pensionistas cobraban los últimos años de su vida laboral, siendo uno de los sistemas más “generosos” si hacemos la comparación con Europa.  Sea como fuere, y a pesar de que gracias a las pensiones muchas familias  personas con pensiones han podido sobrevivir, los parámetros actuales no permiten una autofinanciación o sostenibilidad propia.           

Se tome la política que se tome, no se ha de olvidar que no es solo un tema económico, sino un activo social sobre el rol que queremos que tengan las personas mayores en la sociedad.

En este tema, propongo qué se debe considerar a la hora de aplicar correcciones estructurales al sistema de pensiones para su sostenibilidad presupuestaria y equilibro intergeneracional:

·         El primer aspecto a tener en cuenta es la edad de jubilación. Es lógico pensar que si se han logrado mayor esperanza de vida, y mejor calidad de vida en los estadios avanzados de edad, debería aumentarse progresivamente la edad de jubilación. Esto puede no aplicar a todos los sectores, y debe “desgravar” años a aquellos trabajadores cuyo desgaste físico y psicológico sea mayor.

·   El segundo aspecto a tener en cuenta es la financiación. El modelo actual es muy frágil antes cambios generacionales o del mercado de trabajo, y debe proteger a los jubilados y trabajadores ante desequilibrios como los actuales. Los déficit puede ser financiados con presupuestos (a costa de otras partidas), o de un sistema mixto en el que parte de la cotización individual se haya ahorrado públicamente para luego repartir mejor los esfuerzos generacionales. El inmovilismo actual no da una explicación clara de cómo se va a financiar los desequilibrios seguros en el corto, medio y largo plazo. La congelación de las pensiones no es suficiente, ni lo será.

·  El tercer aspecto es la confianza. Para que este sistema tenga sentido, y se pueda mantener en el tiempo, se debe mantener el acuerdo con el cotizador, para evitar la sensación actual de que los jóvenes no cobraran nada. Esto no hace más que desincentivar la cotización (en favor de la economía sumergida) y los fondos privados (solo aptos para las rentas más altas).

·  El cuarto aspecto es el reparto generacional. No se puede pedir únicamente esfuerzos al trabajador en la coyuntura actual. Para asegurar un equilibro de la cobertura, así como una redistribución de recursos más equitativa,  deben establecerse equitativamente (en base a riqueza), las obligaciones y beneficios fiscales de todos los agentes. La idea es que no se puede bajar la pensión a una viuda que cobrar 500 euros que está en una habitación de alquiler, como tampoco al que cobra el SMI y tiene dos hijos. Las pensiones deben ser un mecanismo de cohesión social y no de regresión de ninguna generación.

El tercer y no último pilar del bienestar es el subsidio o prestación por desempleo. En las crisis como las de 2008 se suele dar un aumento del peso de esta prestación y luego se reduce, ya sea porque los desempleados encuentran empleo, o porque han agotado la prestación, así como las diversas extensiones.

Existe mucha opinión, y poca contrastación, sobre los beneficios y costes de esta cobertura, excesivamente generosa para unos, y fundamental para otros. Sea cual sea la distorsión y los beneficios derivados, el paro juvenil y de larga duración en los adultos, así como una considerable economía sumergida son hechos que plantean que hay que cambiar algunos planteamientos de la cobertura y las medidas  que se deben aplicar sobre personas en esta situación.

•  Sobre el desempleo, debe revisarse si la causa es un exceso(demasiados trabajadores) o escasez (pocos trabajadores aptos para el puesto) en la oferta laboral. En el caso de exceso de oferta, deben incentivarse el autoempleo, eso supone facilidades financieras, formación gratuita así como soporte profesional. Los colegios, universidades y entorno son fundamentales para su integración. Debe apoyarse la toma de riesgos, y limitar las responsabilidades financieras de los emprendedores. Es importante que las tasas de autónomos sean muy bajas o nulas antes de la facturación, y progresivas hasta un tope según la facturación obtenida, para evitar barreras de entrada e imponer un impuesto al trabajo. Si la causa es la escasa oferta (sucede en algunos sectores especializados), debe agilizarse la formación de perfiles parados e interesados en esos empleos.
• Sobre la economía sumergida,  se tiene que perseguir y castigar (al contratante siempre), aunque suponga costes de inspección e incluso una menor contratación en el corto plazo. Los empleos en “negro” no solo suponen una competencia desleal a los empleos legales sino que dejan en una alta vulnerabilidad presente y futuro a los empleados. La persecución fiscal es altamente efectiva y debe aumentar los recursos hasta que se reduzca la economía sumergida a niveles mínimos.
• Sobre la prestación se ha regulado para evitar el uso no productivo de esta prestación. Lo importante es que trabajar salga a cuenta (para ello hay que subir el SMI), así como proteger especialmente aquellas parados con hijos para que no afecte la economía de los padres al desarrollo de los hijos. Es por ello que siempre es más efectivo premiar el trabajo y complementar la prestación sobre los colectivos más débiles, en lugar de criminalizar a los desempleados.

En conclusión, la prestación de empleo debe ser una cobertura a la dignidad ante las fluctuaciones del mercado laboral, y una oportunidad de reinsertarse a aquellos segmentos que se encuentra en situación de desempleo. La prestación debe ser especialmente efectiva en aquellos desempleos sobre los cuales haya hijos en riesgo de pobreza. El autoempleo y el trabajo de calidad son las mejores alternativas al desempleo, no su criminalización.

Por último, otro pilar, para una parte muy concreta pero numerosa de la sociedad es la cobertura a la dependencia. Tras la famosa ley aprobada en el último gobierno del PSOE, nos hallamos que ni se concretaros suficientemente los requisitos, ni se generó una partida presupuestaria suficientemente notable como para cubrir a todos los que satisfacen la condición de dependientes. Ante esta tesitura, solo cabe presionar al gobierno para que haga caso a los expertos, y modifique la ley para definir mejor a quién y cómo cubre, así como reunir los recursos necesarios para integrar socialmente a este grupo tan vulnerable. Si alguna partida además de las pensiones debe aumentar, sin duda es esta.

Para acabar, rompo una lanza en favor de los logros conseguidos en el sistema de bienestar, sobre el cual muchos jubilados han logrado la dignidad que se merecen, así como una cobertura sanitaria (aunque menos universal de lo que queremos), que ya quisieran países como Estados Unidos o India. Debemos dejar los horizontes e incentivos electorales, para buscar el consenso multicolor para redistribuir el bienestar entre generaciones y entre los diferentes estadios de riqueza. Sí que hay dinero para asegurar la dignidad y la igualdad de oportunidades, pero nada es gratis y hay que racionalizar los recursos, con fines no solo presupuestarios sino también de efectividad y bien común.

Bibliografía

Siempre intento ser riguroso en mis afirmaciones, por eso recomiendo la bibliografía principal que inspira lo que escribo. 

•    El bienestar desigual (Guillem Lopez Casasnovas)
•  The Great Scape (Angus Deaton)
•  Health Economics (Frank A.Sloan, Chee Ruey Hsieh)